Artículo publicado originalmente en La Réplica: http://lareplica.es/la-autoridad/
La autoridad
Entendemos como autoridad la superioridad que en un determinado escenario tiene una persona con respecto a otra u otras.
La autoridad se puede conseguir a través del reconocimiento del resto de personas, o puede imponerse a través del estado mediante leyes, en cualquier caso la autoridad solo existe cuando el resto de personas, o la gran mayoría, reconocen esta autoridad.
Las personas podemos ganar la autoridad en algún espacio o comunidad a través de nuestras propias acciones. Así lo hacen médicos, académicos, periodistas, escritores, etc, que se convierten en autoridades públicas gracias al reconocimiento por parte de la sociedad de esa superioridad en determinados asuntos.
Por otro lado el estado y las leyes generan autoridades. A políticos, jueces y policías se les dota de autoridad legal, es decir, además de la propia legitimidad y reconocimiento social, el estado garantiza la autoridad a través del uso de la represión contra quienes no acepten esa autoridad.
La autoridad, en última instancia, solo es posible ejercerla si la sociedad reconoce esa autoridad, ya sea una aceptación de manera libre o coaccionada a través de la amenaza del castigo.
En los últimos 30 años se ha producido un cambio social en este país, pasando de una dictadura totalitaria a una democracia parlamentaria. Mientras que en la dictadura la aceptación de la autoridad se conseguía a través de la violencia, la transición a una democracia formal requiere que la autoridad tenga legitimidad en el reconocimiento social.
Ese cambio en la naturaleza de la autoridad implica un cambio en la forma de ejercer esa autoridad. Frente a un modelo donde la autoridad se ejerce a través de la violencia y de la sumisión, hoy nuestra sociedad exige a cualquier autoridad (maestro, político, juez, policía, etc.) una legitimidad más allá de la legal, basada en los beneficios que aporta a la sociedad.
Colectivos como el educativo o el sanitario no necesitan del estado ni de leyes excepcionales para tener autoridad porque en su ámbito de trabajo es socialmente reconocida y protegida, es decir, no necesitan de leyes para ser respetados. Darle un status legal de autoridad no es la solución a los episodios aislados de violencia que se pueden producir en su entorno laboral. Otros colectivos que tienen menos reconocimiento social, como la seguridad privada, necesitan de una revisión en profundidad de su actividad. La desconfianza en la seguridad privada está justificada en multitud de episodios en determinados entornos, como por ejemplo las discotecas, donde la cantidad de porteros con una preocupante falta de educación y de sentido de la justicia junto a un alto grado de prepotencia —sin ser un perfil mayoritario— tampoco es difícil de encontrar.
En la dictadura franquista si huías de la policía podías encontrar algún ciudadano anónimo que te echara una mano, montándote en su coche o abriéndote la puerta de su casa para refugiarte, sin embargo nadie era capaz de hacer “frente” a la policía porque las consecuencias eran temibles. Ahora prácticamente nadie ayudará a una persona que huya de la policía, pero si la policía realiza alguna intervención inadecuada no es raro que un ciudadano se lo recrimine. Frente a lo que pueda parecer, es preferible para todos el segundo escenario.